“VOLVER”
AL BUP y COU,
LA UNICA SOLUCION
Propuesta de D. Emilio de Fez Marrero
al Congreso de los Diputados,
al
Senado y a la sociedad
ante la gravísima situación
de
la Enseñanza Primaria y Secundaria en España
(2017)
Indice
I.
INTRODUCCIÓN Pags. 2-6
II.
PROPUESTAS Pags. 7-10
III.
LLAMAMIENTO
AL GOBIERNO,
A LOS
PARTIDOS EN LA
OPOSICIÓN
Y A
LA SOCIEDAD Pags. 11-14
I.
INTRODUCCIÓN
·
Quede
claro, primero, mi respeto a las personas (entre ellas compañeros ya
fallecidos) que de buena fe defendieron la aprobación de la LOGSE.
·
Dicho
esto, debo proclamar con rotundidad que la implantación de la LOGSE (y, más en
concreto, de la ESO) ha sido, con mucha diferencia, el disparate educativo más
descomunal que ha cometido España en toda su historia. Y que sus consecuencias
han sido devastadoras para los profesores, para los alumnos, y para el presente
y futuro de nuestra sociedad en su conjunto. La situación actual de los
colegios e institutos de Enseñanza Primaria y Secundaria en España es, por sus
funestas consecuencias en cadena, nuestro más grave problema social. Un
problema cuya única solución es la vuelta a un sistema similar al del BUP y
COU.
·
Ciñéndonos
en principio a la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria)
establezcamos algunos hechos y valoraciones:
1.
Casi todos los profesores que lo
impartieron, saben y afirman que con el anterior sistema (BUP + COU) su
rendimiento profesional, su dignidad social, y su calidad de vida, eran mucho
mayores; y que sus alumnos salían mucho más
cultos y mejor formados, tanto cívicamente como en su preparación humanística,
científica y técnica.
2.
Los profesores que por su edad no
llegaron a impartir la EGB, BUP o COU, pero que sí cursaron estos estudios,
también saben y afirman casi unánimemente que el nivel de preparación (y nada
digamos de orden y de respeto), era entonces muy superior al de los actuales
alumnos.
3.
Los padres con hijos que cursaron antes
la EGB, BUP y COU, y que a su vez tienen
o han tenido nietos escolarizados con el actual sistema confirman casi
al unísono que ven los centros de ahora mucho menos formativos y mucho más
problemáticos.
4.
Una abrumadora mayoría de los
profesores universitarios sabe y afirma que los alumnos llegaban mucho mejor
preparados a la Universidad hace veinte años (es decir, antes de la ESO) que
ahora.
5.
Los efectos demoledores de la falta de exigencia y disciplina se han
dejado igualmente sentir en la FP. El distinguido intelectual librepensante,
Alberto Rodríguez Álvarez, a su vez profesor de FP durante más de tres décadas,
lo resumía así hace más de diez años en su antológico trabajo “La
sombra de la ESO es alargada”:
“Me he visto obligado a ver, con
preocupación y tristeza, cómo la nobleza de los alumnos de antaño, de alumnos
que estuvieron a mi lado hace pocos años, ha sido dejada a la vera del camino
para dejarle el paso libre a unos alumnos carentes de principios y que le ponen
el freno a valores tales como la amistad, la solidaridad, el compañerismo, el
respeto a los otros, la aceptación de los estudios, etcétera. Alumnos, todos
mayores de 16 años, muy mal educados, violentos, intolerantes, egoístas,
ingratos, falsos, irresponsables, vagos...”
6.
Es una falacia afirmar que la ESO es
socialmente avanzada y solidaria con las capas medias y bajas de la población.
Y es una falacia, porque lo que interesa a los padres de clase media y baja es
que sus hijos se formen en todos los sentidos lo mejor posible, que es
precisamente lo que ha dejado de ocurrir al implantarse la ESO.
7.
Es
igualmente falaz aseverar que la obligatoriedad de permanencia de todos los
adolescentes en los centros hasta los 16 años haya mejorado el “derecho a la
educación”. Lo ha empeorado y mucho. Si bien la Ley de 1970 establecía la
gratuidad y universalidad de la EGB sólo
hasta los 14 años, la realidad es que cualquier alumno que lo deseaba podía
continuar con el BUP y COU de forma casi gratuita, con el único gasto de
matrícula, compra de libros y transporte, existiendo becas para quienes a esos
efectos lo necesitaban.
8.
Las diferencias esenciales (aunque hay
otras menores) entre el deseable BUP y la nefasta
ESO son cuatro:
a) Que el BUP era
voluntario.
b) Que para pasar
al siguiente curso había que asimilar los contenidos de cada asignatura. Esta
“base previa” garantizaba que los alumnos estuvieran “bien ubicados”en cursos
que, en esencia, eran capaces de aprobar, por su capacidad intelectual, o por su especial
esfuerzo, o por ambos.
c) Que el nivel
de exigencia de cada asignatura (establecido por el Plan de Estudios) era, en
esencia, innegociable e inexorable.
d) Que los comportamientos inadecuados podían sancionarse ejemplarmente
de diversas formas inmediatas. Y que las faltas muy graves o reiteradas
derivaban en la expulsión del centro e incluso en la privación del derecho a
proseguir los estudios del BUP en centro alguno. La expulsión se aplicaba
poquísimo, pero (y porque) esta capacidad sancionadora estaba “ahí” como
“ultimo elemento disuasorio” que todos daban por sobreentendido.
*Este elemento es esencial para el funcionamiento de cualquier
sistema educativo. Sin duda, el descarte casi total de la expulsión en la ESO está
en la base del desorden y de la indisciplina en los actuales centros de la ESO
y, por ende, en la base del trágico envilecimiento de la educación impartida
así como en la base de la calcinación -psíquica, física y moral- del
profesorado.
9.
Es falsa la excusa de que “la mayor
conflictividad de los centros de ESO se debe al aumento de la conflictividad de
la calle”. Más bien es al revés: el fracaso de este sistema “anti-educativo” ha
generado mayor conflictividad juvenil en la calle. ¿Qué comportamientos
callejeros, o domésticos, cabe esperar
si ni siquiera en los mismísimos centros educativos se consolida un hábito de orden y de respeto? ¿Cómo no
van a contagiar los alumnos más “antisociales” su actitud a buena parte de sus
compañeros si sus tropelías quedan impunes? ¿Qué referentes morales transmitimos a los adolescentes tolerando a
diario en colegios e institutos actuaciones humillantes -y hasta delictivas- contra alumnos, profesores
y personal no docente?
10.
Es indudable el pernicioso efecto de muchos programas televisivos, y el de muchos
contenidos de Internet, amén del de otras circunstancias contemporáneas. Pero
esto no puede oscurecer la evidentísima relación “causa-efecto” entre la
implantación de la ESO y el resquebrajamiento
de los Institutos a todos los niveles. Un hecho lo demuestra: sólo en el
primer trimestre en que llegaron los primeros grupos de 3º de la ESO a los Institutos hubo más problemas de
disciplina que en los cinco años anteriores con todo el alumnado de BUP y COU junto.
II.
PROPUESTAS
1.
PREÁMBULO
a) Sería,
legislativa y operativamente, largo y engorroso volver “tal cual” al sistema
consagrado en la Ley de 1970 (EGB-BUP-COU) incluyendo su denominación, currículos y distribución de cursos (8 de
Primaria, 3 de BUP y 1 de COU).
b) Nuestra
educación y nuestra sociedad necesitan, sí, soluciones drásticas y eficaces, pero,
al mismo tiempo, soluciones susceptibles de implementarse casi de inmediato y
con el mínimo disenso posible. Esto puede conseguirse conservando el “c a p a r a z ó n” (distribución de etapas y
ciclos, currículos, profesorado) de la actual LOE pero introduciendo las modificaciones
esenciales que siguen.
2.
PROPUESTAS CONCRETAS
a)
Establecer al
final de la Enseñanza Primaria una Prueba de Ingreso a la Enseñanza Secundaria (en adelante
“ES”) ofreciéndose, hasta los 16 años, un itinerario alternativo a la ES para
quien no apruebe, o no quiera presentarse, a esta Prueba de Ingreso; y para quienes aún habiéndola aprobado no
quieran acceder a la Enseñanza Secundaria sino al itinerario alternativo. Los alumnos contarán, si quieren usarlas, con
cuatro oportunidades para examinarse de la Prueba de Ingreso a la Enseñanza
Secundaria. Esta Prueba tendrá convocatorias en junio y en septiembre.
b)
Limitar
a dos, en todos los niveles educativos, el número de asignaturas suspendidas con
las que se puede pasar al curso siguiente.
c)
Establecer una
Reválida al acabar 4º de la ES, cuya
superación será requisito imprescindible para cursar el Bachillerato. Los alumnos
que lo deseen contarán con cuatro oportunidades para superar los exámenes de esta
Reválida.
d)
Situar
en los 14 años la escolarización forzada, posibilitando el acceso a la
Formación Profesional en régimen de aprendizaje en empresas, o el acceso
directo al mercado laboral, a partir de esta edad.
*En Inglaterra, los jóvenes
pueden realizar trabajos remunerados -con ciertos límites como el número de
horas mensuales- desde los 13 años. La mejor
manera de “responsabilizar” y “motivar” a los adolescentes que, al menos por el
momento, no quieren seguir estudiando, es ofrecerles la posibilidad de asumir
las responsabilidades, y disfrutar la remuneración, que todo trabajo conlleva.
El trabajo, en cualquier sector o empresa, es, en sí, educativo, y constituye una
opción de aprendizaje tan digna como cualquier otra.
** No es lógico que un país que ha abierto su
mercado laboral a millones de inmigrantes impida todo tipo de
“regularización laboral” de sus propios adolescentes hasta los 16 años. Muchos
adolescentes inician carreras
antisociales y delictivas de difícil retorno precisamente por falta de la
opción legal de trabajar.
e)
Sin
perjuicio de la opción, por decisión judicial, del internamiento en
correccionales de los responsables de hechos particularmente graves cometidos en
los centros o fuera de ellos, SE CREARÁN,
para los alumnos de edad inferior a 16 años que persistentemente ocasionen
conflictos en sus colegios e institutos, CENTROS DE REEDUCACIÓN con normativa
específica y profesorado voluntario y especializado. Es esta la única forma de
garantizar, a la inmensa mayoría de alumnos que seguirá en el resto de los
centros, el respetuoso ambiente de ordenada libertad, disciplina y trabajo que
constituyen “conditiones sine quibus non”
para el eficaz proceso educativo al que el resto de los alumnos y padres tienen
derecho.
*Es pura y sencillamente
imposible, por muchas vueltas que le demos, “restituir la autoridad al profesorado”
si se mantiene la suicida premisa de que “el alumno reiteradamente infractor va
a seguir en el centro de todos modos”. Sin opciones claras de castigo,
expulsión o derivación, no hay educación.
-El derecho a la educación ha
de tener, como todos los derechos, sus cauces y sus límites. Del mismo modo que
el derecho constitucional a “circular libremente por el país” queda suspendido
si una persona comete un delito que apareje la reclusión en prisión, igualmente
el mal comportamiento, grave o reiterado, en los colegios e institutos, no sólo
no debe quedar nunca impune sino que
debe ser disuadido y penalizado expeditivamente, como única forma de conseguir
su pronta erradicación y la consecuente normalización de la vida escolar.
-En cualquier caso, los menores de 16
años con comportamientos inadmisibles seguirán conservando, hasta esa edad y
salvo en los casos graves de internamiento en otros recintos por decisión
judicial, el derecho a la educación en el centro de reeducación, comarcal o de
distrito, al que se les derive.
III.
LLAMAMIENTO
AL GOBIERNO,
A LOS PARTIDOS EN LA OPOSICIÓN
Y A LA
SOCIEDAD
1.
Respetuosamente urjo al Presidente del
Gobierno, a los órganos del Ministerio
de Educación, a todos los diputados del Congreso, y a las estructuras orgánicas
de los partidos en él representados, que acometan las reformas que aquí se
proponen –y otras complementarias de índole similar- para invertir el proceso
de autodestrucción en que está inmerso el sistema educativo y posibilitar el
retorno de la paz escolar y de todos los efectos beneficiosos que esta
conlleva.
2.
Urjo también a los profesores, y a los
padres y madres de los alumnos, a que alcen
su voz inequívocamente a través de los claustros, de los consejos escolares
y de los medios de comunicación, ejerciendo
la presión necesaria para que nuestros gobernantes cambien el rumbo, hoy
suicida, de nuestra Enseñanza Pública.
3.
Este cambio de rumbo, que
imperiosamente necesita nuestra Educación, no es, no debe ser, una cuestión de carácter
ideológico, político o partidista. No es una cuestión de PSOE, PP, C´s, Podemos,
IU, etc., ni han de tener nada que ver
las preferencias centralistas o nacionalistas.
4.
Estamos ante un asunto de sentido común,
de defensa común de la enseñanza y por ende del futuro de los niños y
adolescentes de todas nuestras provincias y
CCAA.
5.
Estamos,
todos, ante la obligación exigida por la Constitución -que nos define como “Estado social y democrático de derecho...”
y que propugna como “valores superiores
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad...”- de
defender eficazmente los –hoy desprotegidos- intereses educativos de los hijos de las capas medias y bajas de la
población.
6.
En efecto, los erróneos principios en que se fundamentó la LOGSE, y más en
concreto, la ESO -errores que
persisten en las leyes que han subseguido a la LOGSE, que esencialmente son más
de lo mismo- han creado un abismo entre (por
así denominarlos “grosso modo”) ricos y
no ricos.
7.
La diferencia ambiental, educativa y
formativa entre los colegios públicos y los concertados (y nada digamos de los
privados) es hoy muy superior a la que existía hace veinte años.
8.
La solución no puede ser (como
pretenden y propugnan algunos) igualar por abajo y repartir la miseria “obligando
a funcionar a los centros concertados como actualmente funcionan los públicos”.
No. Obviamente, la única solución eficaz y sensata es “modificar el sistema
para que los centros públicos puedan
funcionar, en la máxima medida de lo posible, como lo están haciendo los
privados”.
9.
Sería, a los anteriores efectos, muy
deseable (aunque no es en modo alguno imprescindible) la colaboración de los
sindicatos y partidos (IU, UGT, CCOO, etc.) que, junto al PSOE y desde 1985, gestaron la LOGSE-ESO y su implementación y continuidad.
10.
Comprendemos que a estos sindicatos y
partidos les resulte complicado reconocer sus graves errores de partida, y su
terca pertinacia en ellos a lo largo de tres décadas hasta hoy mismo. Pero
deben tener en cuenta, en primer lugar, que todos los partidos políticos
europeos verdaderamente serios y responsables han hecho a lo largo del siglo XX
algún tipo de revisionismo y no ha pasado nada. En segundo lugar, nadie les exige
–no yo al menos- golpes de pecho
ostentosos ni rectificaciones públicas explícitas: bastará a veces con su
responsable silencio y con su cooperación más o menos tácita y aportaciones “de
matiz” para posibilitar que el Gobierno y el Congreso, culminen ágilmente el
proceso de cambio y nos saquen a muy corto plazo del atolladero actual.
11.
No obstante, por mucho que quien
suscribe quiera evitar reproches que podrían ser contraproducentes, nadie debe perder
de vista que la mayor parte de los diagnósticos de este trabajo, y de sus
propuestas, son compartidas por la abrumadora mayoría del profesorado. Sólo el pudor, el miedo, y la presión
mediática, han impedido que se eleven a “públicas” las convicciones que casi
todos expresan en “petit comité”. Pero, señores, la situación está cambiando y
la omertá también. Quienes se empeñen, poniendo piedras en el
camino, en mantener hundidos al profesorado, a los centros públicos y a la
sociedad en la infame ciénaga actual, lo pueden pagar muy caro, y quizá durante
lustros, en las urnas políticas y sindicales.
12.
Precisamente, una de las pretensiones
de este trabajo es la de estimular no sólo al profesorado y padres, sino también a las
asociaciones, personalidades y personas de todo ámbito e ideología a romper el ominoso muro de
silencio y la vergonzante coacción moral que han venido constriñendo la libre expresión del
pensamiento mayoritario durante las dos últimas décadas.
13.
Reitero mi petición formal al Presidente don Mariano Rajoy Brey, a su Gobierno,
a todos los grupos parlamentarios
y a los máximos órganos de todos los partidos representados en el
Congreso, de que inicien de inmediato y por vía urgente el camino que conduzca hacia las reformas solicitadas.
14.
Si en otros países, como Alemania,
ha habido no pocas coaliciones o acuerdos entre partidos dispares para posibilitar reformas sociales que
entendieron necesarias, con mucha más razón puede hacerse lo mismo en España para
garantizar un bien social superior y cuya necesidad es aún más urgente e inaplazable:
EL DERECHO A
UNA
“EDUCACIÓN”
QUE MEREZCA
TAL NOMBRE.
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